EDUCACIÓN, SALUD, ECONOMÍA

La Universidad, como comunidad integrada, es capaz de tomar decisiones, avanzar con base en lo conocido y disponerse para aprender de lo desconocido; como organismo vivo, aprende, evoluciona y se transforma cada día.
 

La Universidad Nacional de Colombia construyó su Plan Global de Desarrollo 2019-2021 con la participación de más de 10.000 integrantes de la comunidad universitaria. Este Plan recoge y expresa la naturaleza y la historia de la Institución y formula los lineamientos generales para el futuro:
 

• Comunidad educativa dinamizadora de procesos para el desarrollo de la nación, hacia la reconciliación y la paz.
• Comunidad académica líder propositiva del Sistema Nacional de Educación.
• Comunidad formadora, desde la armonización de las funciones misionales, de científicos y profesionales íntegros, gestores de la ética ciudadana.

Aunque ninguno de estos lineamientos se diseñó para un contexto de pandemia, siguen siendo las guías de la acción institucional. Esto es posible porque, más allá de la presencialidad y la virtualidad, fueron creados para el cumplimiento del propósito superior de la Universidad Nacional de Colombia, que es la formación de ciudadanos integrales como agentes de cambio ético con consciencia social.

Para afrontar la actual emergencia establecimos cuatro criterios de acción: 1) cuidar la vida de cada miembro de la comunidad, 2) evitar la deserción estudiantil, ya que el abandono de la academia es una pérdida irreparable tanto para el estudiante y su familia como para la comunidad, la Institución y el país, 3) asegurar la sostenibilidad de la Institución, un deber ético de la Universidad por su responsabilidad con la comunidad y el país, y 4) acompañar al país en este difícil momento con propuestas y acciones para la atención de la emergencia.

Estos criterios están orientados por los lineamientos de nuestro programa y nuestro propósito superior de formación ciudadana y gestión del conocimiento, y son coherentes con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Desde que se anunció al mundo la existencia de un nuevo coronavirus, expertos en epidemiología e infectología de la Universidad se dispusieron a acompañar al Gobierno nacional y los gobiernos locales en el diseño y la evaluación de los planes para enfrentar la emergencia sanitaria.

Nuestras Facultades del área de salud y sus profesionales, junto con nuestro Hospital Universitario Nacional, además de ofrecer los servicios de atención de alta complejidad, brindan cursos de actualización a profesionales de la salud de todo el país para la atención a pacientes con COVID-19. Desde el Hospital se viene dando soporte de telemedicina y teleUCI a hospitales de diferentes regiones del país que no disponen aún de suficientes especialistas.

Grupos de investigación de toda la Universidad han trabajado en proyectos para desarrollar insumos y suministros como ventiladores, monitores, pruebas de diagnóstico, caretas, mascarillas, reactivos y desinfectantes, además de herramientas y estadísticas que ayuden a analizar la evolución de la crisis; al tiempo se han dispuesto nuestros laboratorios y sus equipos para contribuir en la revelación de las muestras realizadas a pacientes sospechosos de COVID-19.

La Escuela Permanente de Pensamiento Universitario, que reúne a los centros de pensamiento de la Universidad, produjo un boletín sobre políticas públicas en tiempos de pandemia, Especial COVID-19. En él se proponen iniciativas para superar la crisis y se formulan propuestas para la pospandemia en áreas como salud, seguridad y soberanía alimentaria; economía; comunicaciones en periodos de catástrofe; y educación no presencial.

La Universidad Nacional ha seguido trabajando en su tarea de formación en medio de la crisis. En pocos días nuestra comunidad logró que más del 80 % de sus actividades se desarrollaran de forma remota. Esto ha implicado enormes esfuerzos para asegurar las condiciones de bienestar y conectividad que requieren nuestros estudiantes. Además implementamos medidas para flexibilizar los procesos de evaluación y los tiempos y prioridades del aprendizaje, sin sacrificar la calidad que distingue a nuestros programas académicos. Estamos por finalizar el periodo académico 2020-I, el primero hecho de forma remota en 153 años de historia.

La transformación digital, más allá de acciones específicas, ha sido un proceso transversal a las actividades de la comunidad universitaria en el marco de esta crisis. Este proceso de cambio cultural viene contribuyendo a una adaptación rápida y efectiva, necesaria en el desplazamiento temporal de la presencialidad a las actividades remotas, garantizando que en ningún momento se pierdan o se corten los flujos de comunicación, característica fundamental de una comunidad integrada.

La pandemia nos ha permitido ver aún con más claridad la legitimidad de nuestro propósito superior que es la formación de ciudadanos libres y autónomos, capaces de contribuir positivamente en la transformación de su contexto, cuidando de sí, de los demás y del medioambiente. Gracias al esfuerzo conjunto de toda nuestra comunidad estamos cuidando de nosotros, trabajando para garantizar los derechos a la vida, a la salud y a la educación, y al mismo tiempo respondiendo a nuestro compromiso con el conocimiento, con las comunidades y con los territorios de nuestro país.

La educación superior y su acelerado proceso de virtualización, favorecido por la pandemia del COVID-19, se dan en un marco de condiciones sociales y económicas específicas. Es bien conocida la paradoja del país con respecto a sus logros en reducción de la pobreza en un contexto de elevados índices de desigualdad económica y social.
 

Lamentablemente, el primer factor de esta paradoja ha mostrado toda su fragilidad: después de tres meses de pandemia, Colombia podría retornar a los niveles de pobreza de hace 20 años, y habría que esperar una década para que la tasa de desempleo vuelva a ser de un dígito.
 

Puedes leer: Educación superior y pandemia: el riesgo del cortoplacismo.

Todo ello en un contexto en el que las desigualdades se reforzarán, concentrando los efectos de la pandemia sobre grupos sociales específicos: personas vulnerables económicamente, grupos étnicos y sector rural. Las supuestas conquistas sociales del “país de clases medias” se han esfumado, dejando al descubierto la cruda realidad de la desigualdad persistente.
 

En Colombia las personas más jóvenes y sin discapacidad permanente, que no pertenecen a ninguna minoría étnica, con un nivel socioeconómico superior, provenientes de entornos regionales más ricos y educadas bajo las coordenadas de la cultura y el conocimiento occidental, poseen una mayor probabilidad de ingreso, permanencia y logro educativo en la educación superior. Las demás se ven excluidas del sistema o son sometidas a un proceso de inclusión segmentado y jerárquico, reproductor de brechas y privilegios sociales.
 

A lo anterior hay que agregar que, según las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y del Laboratorio de Economía de la Educación, solo el 43 % de las personas tienen acceso a internet móvil o fijo, solo el 17 % de los estudiantes de colegios rurales cuentan con internet y computador y el 96 % de los municipios no estaban preparados para implementar clases virtuales.
 

La disminución de estas brechas requiere de un enorme compromiso presupuestal por parte del Estado. De ninguna otra forma se podría garantizar el acceso universal e igualitario a la educación superior, disminuyendo, además, las desigualdades en acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Sin embargo, las universidades públicas acumulan un desfinanciamiento de 18 billones de pesos, y han visto reducidos sus recursos propios por concepto de matrículas y ventas de servicios en 51 % en marzo y en 66 % en abril del presente año, además del incremento de los costos asociados con la mejora de la infraestructura en tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), el bienestar universitario, la formación docente para la virtualización y la aplicación de protocolos de bioseguridad.

Las presiones financieras se trasladan también a las familias. Por este motivo, el estudiantado se ha movilizado para exigir la matrícula cero en las universidades públicas. Esto como un mecanismo que ayude a disminuir la deserción que podría ubicarse entre el 35 y 50 %, golpeando de manera desproporcionada a los grupos sociales afectados por la desigualdad persistente. En 2018 las universidades públicas recibieron 1,1 billones de pesos por concepto de matrículas de pregrado y posgrado. La universidad pública desfinanciada y el mayor riesgo de deserción son las dos caras de una misma moneda.
 

Ante este panorama, las medidas financieras adoptadas por el Gobierno son tímidas frente al reto que se enfrenta, y no cambian el modelo predominante de financiamiento: se ha anunciado la ampliación de los subsidios para el pago de las matrículas de los estudiantes pobres (programa Generación E) y se han ofrecido créditos del Icetex con tasas de interés subsidiadas y periodos de gracia.
 

A las instituciones se les ha apoyado con el programa de subsidio del 40 % de la nómina y créditos blandos de Findeter para cubrir sus gastos y mejorar sus dotaciones para su adaptación a la virtualidad. Por último, el Ministerio ha destinado 97.500 millones de pesos para apoyar la matrícula de los estratos 1 y 2 en todas instituciones de educación superior públicas del país, cifra que se aleja de los 1,1 billones que requerirían las universidades públicas para sostener sus ingresos y disminuir la deserción en el marco de una pandemia que “no respeta clase social”. ¿Tiene sentido recurrir a herramientas de financiamiento que han mostrado su incapacidad para resolver las desigualdades del campo educativo y que se inscriben en el modelo de política social asistencial y focalizado que se ha ido al traste en tres meses de pandemia?
 

Virtualidad en la formación: los límites de una profecía autocumplida

La pandemia ha permitido que actores económicos que comprenden la educación superior como un negocio interpreten esta coyuntura como una oportunidad para superar la caída en la demanda que se venía presentando en las instituciones privadas, incluso antes de la llegada del nuevo coronavirus. Esto último ha favorecido la aparición de profecías de transformación radical de la educación por la virtualidad.

Dichas profecías, ligadas a la introducción de alguna tecnología educativa, se han reeditado desde el siglo xviii y, más recientemente, con la promesa de los audiovisuales (radio y televisión educativas, sonovisos) y la enseñanza programada en los años cincuenta y sesenta, la racionalización de todos los procesos en los setenta, la fascinación por la digitalización y los multimedia en los noventa, y ahora la educación virtual.

Resulta paradójico, además, que en muchas regiones de Colombia –ante la precaria conectividad– el Ministerio de Educación esté acudiendo a las tecnologías educativas que se ofrecían como la gran promesa del cambio y la innovación educativos en los sesenta: la radio y la televisión. De esta manera, el goce efectivo del derecho a la educación se reduce, en muchos casos, al diligenciamiento y la entrega de guías u otro tipo de materiales similares para constatar, evidenciar o medir el trabajo autónomo de los estudiantes.

Lo anterior contribuye al aumento de las desigualdades socioculturales entre quienes tienen acceso a internet y quienes no, lo que supone la validación estatal de la inexistencia de criterios para promover y garantizar la calidad en la prestación del servicio educativo, además de la inobservancia de la aceptabilidad, una de las cuatro dimensiones que según el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia de la Corte Constitucional forman parte del núcleo esencial del derecho a la educación en el país, y que se refiere al aseguramiento de procesos y contenidos socialmente relevantes, culturalmente apropiados e impartidos con calidad.  

Las profecías mercantiles establecen una oposición tajante y definitiva entre lo que supuestamente significaría la universidad antes y después de la pandemia por COVID-19, lo cual conduce a la obligación de dar el salto de la “vieja” universidad presencial hacia la “inevitable” y “novedosa” universidad virtual, obviando, de esta manera, el debate sobre las afectaciones que dicho cambio generaría en la calidad educativa, en la equidad y en la realización de sus funciones misionales: docencia, investigación y extensión.

Tal visión de futuro olvida que, desde el nacimiento de las universidades medievales hace casi mil años, este tipo de instituciones han sido siempre espacios relativamente autónomos en los que se expresa una forma de vida que favorece la reflexión crítica, la producción mancomunada de conocimientos, la integración intercultural y la creación permanente de comunidades de afecto, sentido y aprendizaje.

A su vez, esta profecía autocumplida ha permitido que la “educación remota de emergencia” –no educación virtual– que ha venido incrementándose en los últimos meses, se asimile de manera irreflexiva como el paso obligado hacia la pretendida “innovación” que vaticinaban los sectores sociales y económicos interesados en masificar la incorporación de las tic en los procesos educativos.

Por otra parte, el hecho de que el profesorado se haya visto obligado a tener que utilizar internet para dictar sus clases durante la pandemia, ha favorecido el surgimiento de posturas que defienden la vuelta a la vida universitaria tradicional. Sin embargo, la virtualidad ha puesto en evidencia la inoperancia de ciertas formas de enseñanza, basadas en el empleo de didácticas expositivas en las que el docente tiene un marcado protagonismo. En este sentido, ¿sería o no deseable que los educadores que repiten una y otra vez el mismo discurso lo graben en video para que el público interesado pueda consultarlo en cualquier momento?

La presencialidad en la educación se sustenta en el hecho de que la intensificación de las interacciones contribuye a la coproducción de conocimientos y a la formación de ciudadanos. La vida universitaria prepara a los estudiantes de mejor manera para afrontar los desafíos de vivir y trabajar en sociedad. Las salidas de campo y las prácticas posibilitan aprendizajes vivenciales y altamente significativos. Son los ejercicios colaborativos y grupales en los que se realizan proyectos o se resuelven problemas, y aquellas prácticas pedagógicas que favorecen la experimentación, investigación, deliberación, contrastación y ampliación de los saberes previos, las pautas formativas que permiten justificar la idea de que la virtualidad sea comprendida como complemento y no como sustituto de la formación presencial integral.
 

Retos de la extensión y la investigación universitarias

El difícil momento que enfrenta el país pone de presente diferentes desafíos en torno a la reconfiguración de la relación universidad-sociedad, más allá de la formación.

La extensión y la investigación –dos funciones misionales de la universidad– deben servir, ahora más que nunca, para desarrollar ejercicios ambiciosos de innovación social, entendidos como el conjunto de soluciones creativas y justas para problemas sociales, políticos, económicos y ambientales. Las universidades con sus grupos de investigación, centros de pensamiento, institutos, centros experimentales, laboratorios y hospitales han sido fundamentales para acompañar la toma de decisiones en los distintos niveles de gobierno.

La virtualización está siendo hoy también un instrumento en estos ejercicios, pero requiere mayor acceso a conectividad y a dispositivos electrónicos. Pero, por otra parte, y de forma incluso más evidente que para los procesos de formación, la virtualidad resulta insuficiente cuando se trata de generar confianza, negociar, participar, realizar trabajo de campo, experimentar, desarrollar proyectos y transformar entornos concretos.

Por ejemplo, en 2018, solo la Universidad Nacional de Colombia realizó 71 actividades de extensión solidaria en 21 departamentos del país en torno a la generación de comunidades sostenibles en las diferentes regiones del territorio nacional. La extensión en contextos rurales y con deficiente conectividad plantea retos inmensos para su sostenibilidad.

Por otro lado, en lo relativo a la investigación y la creación, la crisis también develó la imperiosa necesidad de tener más y mejor ciencia en el país, lo cual va más allá, inexorablemente, de que exista una inversión importante en ciencia, tecnología e innovación. Alemania y Estados Unidos decidieron cerrar su mercado para las exportaciones de ventiladores artificiales, vitales para el tratamiento de los casos más complicados del COVID-19.

De esta manera se puso de manifiesto que ciencia y tecnología son parte de la soberanía de los países, y ahí las universidades deben asumir –e incluso recobrar– su liderazgo. Pero, paradójicamente, al mismo tiempo que se cerraron las exportaciones de equipos médicos, científicos de todo el mundo se involucraron de manera colaborativa en el mayor proyecto de investigación de la historia para conocer y combatir el nuevo coronavirus.

Sin duda, esta sería una excelente oportunidad para fortalecer la financiación y las redes internacionales y nacionales de investigación y creación.

Hace pocas semanas medios de comunicación internacionales como la CNN titulaban que “América Latina está perdiendo la batalla contra la pandemia”. Se puede objetar que la tan difundida metáfora de la guerra confunde (no se necesitan ejércitos ni una abstracta “unidad nacional”, sino políticas efectivas y una vacuna o tratamiento eficaz contra el virus). Tampoco ha llegado el apocalipsis a la región. Lo que se observa es diversidad: de un lado del espectro de posibilidades, mientras Uruguay (902 casos confirmados y 26 muertos) tiene la pandemia controlada y ha reabierto escuelas –nunca se decretó confinamiento obligatorio ni se suspendieron la producción ni el comercio–, en Brasil, con más de 1.188.631 casos y 53.830 muertes, sí es posible hablar de tragedia, pues evidentemente la situación se encuentra fuera de control.
 

Con todas las diferencias, es posible hacer al menos dos generalizaciones: primero, desde marzo toda la región ha estado pendiente de la pandemia. Sea para subestimarla (el presidente Jair Bolsonaro la comparó con “una gripezinha”, calificando como mentiras lo que “los grandes medios propagan por el mundo”), encomendarse a Dios (en Nicaragua, el matrimonio presidencial Daniel Ortega-Rosario Murillo organizó la marcha “amor en tiempos de covid-19”; ellos no asistieron, pero obligaron a los funcionarios públicos a sumarse), o tomársela muy en serio. En este último grupo se ubica la mayor parte de los países, que tomaron medidas tempranas –con unos pocos casos detectados– cerrando escuelas y clausurando fronteras, casi en paralelo con lo que se resolvía en España e Italia, donde al momento de actuar había centenares de contagios.
 

Algunos países decretaron confinamientos estrictos, como Argentina, Panamá o Perú. Otros implementaron medidas erráticas, como Chile, que con su estrategia de “cuarentenas parciales” decretó la semana del 23 de abril –cuando sumaba alrededor de 10.000 casos positivos por COVID-19– que los funcionarios públicos regresaran a sus trabajos presenciales. Hoy el número de contagios supera los 260.000 casos y las 4.900 muertes.
 

En Brasil, el presidente Bolsonaro, siguiendo la estela de su homólogo Donald Trump en Estados Unidos (EE. UU.), se enfrentó a los gobernadores de 26 de los 27 estados que, contradiciéndolo, siguieron las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud (OMS) y establecieron cuarentenas. La diferencia es que en Estados Unidos el presidente todavía es el líder del partido de gobierno, entonces las líneas partidarias dividieron la gestión; en Brasil el Congreso lleva meses enfrentado al presidente, el poder judicial también, y hasta algunos sectores de las fuerzas armadas han mostrado su descontento.

Segundo: en comparación con los países de Europa, los Estados de bienestar están menos desarrollados en los países latinoamericanos. Aunque con diferencias, comparten el hecho de tener unas economías informales con enorme peso (la Organización Internacional del Trabajo –OIT– lo ubicaba en el 53 % de la media regional, con países en que alcanzan cifras mucho más elevadas, como Bolivia), sistemas de salud poco desarrollados y porciones considerables de la población debajo de la línea de pobreza, que además venía aumentando en los últimos años (según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe –Cepal– en 2019 un 30,8 % de la población latinoamericana vivía en la pobreza y 11,5 % en la indigencia). Las capacidades estatales son menores y la mayor parte de los países están endeudados. Teniendo en cuenta este panorama, ¿cómo se reconfigurará la región y la democracia tras la pandemia?
 

Un mundo más multipolar, con más tensiones y más presiones

Disminuye el peso geopolítico global de EE. UU. y aumenta el de China. Esto se veía venir, pero la pandemia ha acelerado y mucho el proceso.

EE. UU. vive un repliegue sobre su política doméstica, con consecuencias destacables hacia afuera. Con más de 2,5 millones de casos registrados y más de 120.000 muertos, no hay dudas sobre la mala gestión de Donald Trump frente a la pandemia. Incluso mucho antes de la llegada del nuevo coronavirus también venía perdiendo prestigio y liderazgo global; un ejemplo reciente de sus portazos fue el cierre de negociaciones para establecer una tributación digital para la economía mundial.

Según el tercer Índice de Percepción de la Democracia (adelantado por Dalia Research en colaboración con la Alianza de Democracias, mediante encuestas realizadas a más de 120.000 personas en 53 países de todo el mundo), la opinión sobre la influencia global de EE. UU. ha disminuido en medio de las críticas a su respuesta al COVID-19: más del 60 % pensó que China había respondido bien a la pandemia, en comparación con solo un 30 % que consideró que la respuesta estadounidense había sido efectiva.

En paralelo, China mantiene y consolida su soft power con una economía afectada, pero con mayor capacidad de recuperación. La Unión Europea está de momento atrapada en sus tensiones internas, con una puja entre los países del sur, que necesitan ayudas para paliar una crisis de enormes dimensiones (muy superior a la experimentada en 2008) y los del norte, que se resisten a mutualizar la deuda y avanzar en la integración. La cuestión de fondo es la tensión doméstica en algunos Estados en torno a una mayor integración europea, resistida por los partidos de la derecha radical.

De momento es una incógnita si la crisis potenciará los populismos o si la evidencia de la mala gestión de los populistas (Bolsonaro y Trump) erosionará su apoyo. ¿Identifican los ciudadanos europeos
a sus líderes de la extrema derecha con los de Brasil y Estados Unidos? Probablemente no.
 

Más pobreza, más deuda, menos capacidades estatales

Las diferencias entre los países de América Latina son múltiples, pero hay un dato que comparten a rajatabla: su economía se afectó casi de inmediato por la retracción de la economía internacional y los problemas se multiplicaron en países que ya venían mostrando síntomas más o menos claros de disminución del crecimiento. Sobre esto emerge el tercer escenario.
 

Continuarán y aumentarán las crisis políticas y sociales

Si 2019 fue el año de las protestas sociales, nada augura que vayan a disminuir. Paralelo al aumento de la pobreza crecerá la insatisfacción ciudadana y su expresión furiosa. Aquí los escenarios requieren de contextos específicos.

Mientras, de momento, en Argentina se mantiene el consenso (declinante) en torno a las políticas de confinamiento del Gobierno, no se logra alcanzar un acuerdo en la refinanciación de la deuda. A juicio de las politólogas María Esperanza Casullo y Elsa Llenderrozas, en el país no peligra la democracia, pero la gobernabilidad podría verse afectada en el corto plazo.

Chile presenta otro escenario crítico, con una clase política divorciada de una sociedad movilizada. Aquí el problema es el cerramiento institucional del sistema y la llave de momento está en el plebiscito constitucional. En Bolivia las elecciones son clave para el futuro.

México, Brasil, Colombia, Perú y los países de América Central, cada uno tiene su propia coyuntura que no admite miradas simplificadoras. Si se debilita o fortalece la democracia dependerá de muchas variables que aún no están claras. En Brasil o Bolivia el retroceso ha sido evidente, y se abren ventanas de oportunidad –las elecciones– para comenzar a restaurar la confianza y la institucionalidad rota. En Venezuela o Nicaragua la dictadura se ha consolidado y el cambio se vislumbra complejo. Es evidente, sí, que son tiempos de desconcierto.

En el mundo han sido contagiadas más de 10 millones de personas y casi medio millón han muerto por el COVID-19, una pandemia de origen zoonótico causada por el coronavirus SARS-COV–2 que fue transmitido a los humanos por murciélagos y pangolines. El riesgo de transmisión de zoonosis es mayor a partir de animales silvestres amenazados y en peligro de extinción, cuyas poblaciones han sido diezmadas tanto por la deforestación que destruye sus hábitats como por la caza excesiva y el tráfico de animales.
 

La invasión humana en áreas de alta biodiversidad está provocando la sexta extinción masiva de seres vivos. Estudios recientes estiman que 2030 es el año límite para el colapso de la mayoría de los ecosistemas terrestres y marinos del planeta. Además, el cambio climático causado por la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) afecta la biodiversidad global y favorece la expansión de virus y bacterias.
 

La deforestación está en la raíz de las dos amenazas existenciales más urgentes para la humanidad y para la vida en el planeta: las pandemias (actual y venideras) y el cambio climático. Pero sus impactos van más allá, dado el papel fundamental de los bosques y de todos los biomas en la evolución de la vida, en la salud de los ecosistemas, en la conservación de la biodiversidad y en su relación de doble vía con el clima y el ambiente.
 

El estricto confinamiento impuesto durante el primer semestre del año ha alterado drásticamente el consumo de energía mundial en todos los sectores y ha reducido las emisiones dióxido de carbono (CO₂). Se estima que a finales de 2020 estas podrían caer entre 4 y 7 %, la mayor disminución anual desde la Segunda Guerra Mundial, situación que ha dado lugar a una benéfica recuperación de la vida silvestre y a una mejora en la calidad del aire. Pero no hay que hacerse ilusiones: no obedece a cambios estructurales.
 

Además, está acarreando otra problemática: la de contaminación por plástico, debido al uso y la disposición de insumos de protección personal como guantes y tapabocas, y por el auge del comercio electrónico y el suministro de alimentos a domicilio, todo lo cual viene empacado en recipientes plásticos. Una explicación es que, ante la caída del precio del petróleo, este tipo de productos se vuelven más baratos.
 

Urge declarar estado de alerta roja de emergencia planetaria

Es muy probable que en la pospandemia las emisiones de CO₂ retomen las tendencias crecientes de los últimos años o sean aún mayores, lo cual conducirá a un calentamiento de la Tierra por encima de 2 ^oC (fácilmente 4 ^oC) con respecto a promedios preindustriales (año 1780).

De los 15 elementos que mantienen estables el sistema climático del planeta, 9 ya han sido perturbados sin retorno, como por ejemplo el permafrost o capa del suelo permanentemente congelada, el sistema de circulación de corrientes del Atlántico, la selva amazónica y los corales de aguas cálidas. Por ello hay que declarar un estado de alerta roja de emergencia planetaria; no es catastrofismo ambientalista: lo advierten incluso organismos económicos como el Fondo Monetario Internacional.

Una pregunta frecuente es qué va a suceder cuando las sociedades retornen a la “normalidad”. Una respuesta apareció en las paredes de Hong-Kong: el problema es la “normalidad” (business as usual): inequidad social, hiperconsumismo, devastación ambiental, entre otros. Todos propiciados e incentivados por la actual economía (como ciencia y como modelo de desarrollo). Dos ejemplos permiten vislumbrar el futuro: el experimento descontrolado del primer día sin IVA el 19 de junio en Colombia, justo en un momento en el que se presentaba un importante incremento en los casos de covid-19 confirmados, y las largas filas a la entrada de almacenes en Francia al terminar el confinamiento.

Diez recomendaciones

Para el caso colombiano, una de las propuestas de la Misión Internacional de Sabios 2019 fue cambiar el actual modelo de desarrollo del país, basado en la explotación de recursos naturales no renovables y productos agrícolas primarios, para dar un salto hacia una potente bioeconomía, sustentada en nuestra extraordinaria biodiversidad, y que mediante la utilización de las biotecnologías permita garantizar la seguridad alimentaria, además de descubrir, inventar, construir y diseñar materiales, productos, procesos y servicios de muy alto valor agregado. Las actuales tasas de deforestación y de degradación de los ecosistemas colombianos van en contravía de dicha recomendación y del desarrollo sostenible de Colombia.
 

El país ocupa el puesto 137 entre 168 naciones en términos del Índice de Estímulo Económico COVID-19 (CESI), el cual permite comparar de manera estandarizada las medidas económicas tomadas por los Gobiernos del mundo para paliar los impactos socioeconómicos de la pandemia.
 

Ni el cambio climático ni la pandemia por covid-19 admiten más “normalidad”. Ante ambas crisis es urgente:
(1) devolverle al Estado su papel central para regir los destinos de la sociedad, comenzando por temas fundamentales como la salud, la educación y la seguridad social; (2) prohibir y penalizar la deforestación; (3) reemplazar los combustibles fósiles por energías limpias y renovables, e invertir en infraestructuras verdes y medios de transporte limpios; (4) escuchar el Laudato Si del papa Francisco y los pronunciamientos de todas las grandes religiones del mundo sobre el cambio climático y la devastación ambiental; (5) adoptar la biotecnología como motor de desarrollo socioeconómico y ambiental de Colombia; (6) implementar una economía honesta con el medioambiente que incorpore el “Producto Ecosistémico Bruto” en las cuentas nacionales; (7) avanzar en la implementación de la jurisprudencia ambiental; (8) exigirles a los gobernantes un compromiso serio para resolver las actuales crisis ambiental y climática; (9) tener presente que están en juego temas de equidad intergeneracional; y (10) involucrar el conocimiento ancestral en la discusión y la pedagogía ambiental.

* Miembro del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Miembro de Número de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Accefyn), e integrante de la Misión Internacional de Sabios 2019.

Asistir al laboratorio clínico, al odontólogo, o a realizarse una endoscopia, son actividades que han cambiado en los últimos meses, y no es claro cuándo se retornará a la “normalidad”.

Con la pandemia provocada por el nuevo coronavirus, aspectos como el número de personas infectadas e inmunes (a los que la infección no les repite o lo hace de forma considerablemente más leve) y las nuevas medidas de bioseguridad necesarias para el desempeño de ciertas prácticas han transformado las áreas de la salud de forma sustancial.

Dos elementos fundamentales harán que varios de estos cambios persistan en la pospandemia. El primero es la transmisibilidad del virus, el cual va de persona a persona a través de gotas de saliva o aerosoles, y del contacto con las manos de las personas infectadas.

El segundo es la manera como afecta a distintos grupos de personas. La tabla 1 muestra la mortalidad según grupos de edad en Colombia a 30 de mayo de 2020 (en años). Así, se observa que la mortalidad es considerablemente más alta a partir de los 60 años, uno de los fundamentos del aislamiento social y físico de este grupo etario.

Cambios en las medidas de protección del paciente

El riesgo de adquirir una infección en los escenarios de atención en salud ha sido una preocupación de larga data. Con la nueva pandemia se ha hecho más evidente que en circunstancias y lugares específicos en los que se efectúan procedimientos o se administran tratamientos que generan aerosoles puede haber infecciones (al trabajador de la salud o al siguiente paciente en turno) en áreas como cirugía, odontología, gastroenterología o cardiología.

Algunos de dichos procedimientos son: intubación endotraqueal, broncoscopia, aspiración abierta, administración de un fármaco por nebulización, ventilación manual antes de la intubación, giro del paciente a decúbito prono, desconexión del paciente de un ventilador, ventilación no invasiva con presión positiva, traqueostomía y reanimación cardiopulmonar.

En este momento los procedimientos quirúrgicos ya se han adaptado: cirujanos y anestesiólogos utilizan equipos para protegerse y las salas de cirugía requieren de condiciones especiales para su funcionamiento. Sin embargo, para realizar procedimientos odontológicos, de endoscopias digestivas o ciertos tipos de ecocardiogramas, se requiere la adaptación de los espacios físicos para garantizar la seguridad del paciente y del equipo de salud. Tales cambios requieren, entre otros aspectos, inversiones económicas y ajustes de infraestructura y de ingeniería, por lo que pueden tomar un tiempo en aplicarse.

Medicina a distancia

Mientras no se disponga de una vacuna, la seguridad para salir, asistir a un consultorio, sentarse en una sala de espera y hacer una consulta directa con un médico o terapeuta seguirá siendo limitada, en especial para las personas con enfermedades subyacentes y para los adultos mayores.

Por eso, muchas actividades relacionadas con la atención médica –y no solo centrada en COVID-19– se seguirán haciendo mediante asistencia remota, por ejemplo a través de teleconsulta, teleasistencia y telemedicina. Así se garantizará que sea menos necesario salir a una consulta, a reclamar medicamentos o a tomarse pruebas de laboratorio.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las teleconsultas son una herramienta esencial para usar durante una pandemia. En situaciones en las que no hay una planificación adecuada y medidas de mitigación, los servicios de salud pueden estar expuestos al riesgo de colapso causado por una sobrecarga de consultas que podrían ser atendidas por medios virtuales.

“Las teleconsultas son una forma segura y efectiva de evaluar casos sospechosos y guiar el diagnóstico y el tratamiento del paciente, minimizando el riesgo de transmisión de la enfermedad. Estas permiten que muchos de los servicios clínicos clave continúen operando regularmente y sin interrupciones, tanto en la preparación como en el curso de una emergencia de salud pública”, señala la OPS.

Educación en salud

Otro cambio está relacionado con la forma en la que se educará a los estudiantes de las áreas de la salud, ya que tradicionalmente el contacto con el paciente se ha privilegiado para obtener vivencias directas y aprendizaje con personas que cuentan sus historias, su afección, su manera de entender la enfermedad.

La educación requerirá que tanto estudiantes como pacientes estén seguros en sus encuentros, es decir que durante un tiempo se limitarán –por razones de bioseguridad– los contactos, o se realizarán con una mayor protección. En este escenario, los modelos, la simulación y el contenido virtual tendrán un mayor peso en la educación. Por ejemplo, el Real Colegio de Cirujanos tanto de Inglaterra como de Irlanda desarrollaron las herramientas e–STEP y BeST, respectivamente, como medios de educación quirúrgica virtual en programas de 1 a 2 años. Dichos programas cuentan con foros de discusión, acompañamiento académico y personal, y casos clínicos, además de diferentes módulos en los cuales se desarrollan diversos temas de cirugía.

Investigación

Aunque se han realizado importantes y rápidos avances con respecto al conocimiento del nuevo coronavirus, todavía falta mucha información por indagar acerca de este, como por ejemplo ¿con qué frecuencia los que se enferman ya no repetirán? ¿habrá una vacuna? Y si la hay, ¿qué tan efectiva será y qué costos tendrá? Los avances en los próximos meses permitirán entender si los cambios son transitorios o definitivos.

En el caso colombiano, se han impulsado nuevas estrategias diagnósticas que faciliten la identificación de los pacientes, el desarrollo de ventiladores (aparatos para soportar la respiración de los enfermos graves), e incluso la investigación de medicamentos, cuyos resultados en los próximos meses brindarán una guía de mejores formas de diagnosticar, tratar y prevenir la infección.

¿Para dónde vamos?

Las dimensiones por el nuevo coronavirus SARS-COV-2 y su enfermedad, el COVID-19, ha removido, como sucedió con otras pandemias, los cimientos de nuestra forma de pensar y actuar.

La pospandemia es el escenario en el cual se moverá la atención en salud durante varios años, y su éxito dependerá de si hemos logrado ajustarnos, conocer y controlar los nuevos riesgos, y ser solidarios con quienes –por razones de enfermedad, situación económica, o simplemente por una decisión personal– se exponen y se infectan con este virus que llegó para quedarse.

Las técnicas, la tecnología y la forma de prestar la atención habrán cambiado, pero no la esencia de los servicios de salud y los principios éticos: acompañar, ayudar, algunas veces incluso curar, pero nunca hacer daño.
 

Puedes ver: Telemedicina: qué es y cómo funciona en tiempos de pandemia.

¿Qué significan las tres palabras del título del presente texto? Se llama “pandemia” a la propagación mundial de una nueva enfermedad; para llegar a esta situación se tienen que cumplir dos criterios: que el brote epidémico afecte a más de un continente, y que los casos de cada país ya no sean importados sino provocados por transmisión comunitaria. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una el pasado 30 de enero, cuando el nuevo coronavirus SARS-COV-2 se expandió en cuestión de semanas por todo el mundo.
 

Según el Diccionario de la lengua española, “pandemonio” es una palabra que se utiliza para indicar que hay mucho ruido y confusión, algo así como una reunión de demonios. Pananomia es una palabra que todavía no existe, pero que se referiría a la expansión epidémica de una enfermedad social que consiste en la “pérdida de acatamiento de las normas sociales”.
 

Me centro en este punto porque en Colombia parece estar ocurriendo y creciendo –tanto como en otros lugares– una conjunción de ruidos “demoniacos” producto de una situación social anómica todavía no generalizada.
 

Puedes leer: La última oportunidad para repensar la sociedad del crecimiento.

Para comprender algunas situaciones sociales actuales del agobiante confinamiento obligatorio impuesto para frenar los efectos del COVID-19, la “anomia” se define como un estado social en el cual las normas han perdido su fuerza reguladora, han sufrido una pérdida de legitimidad, lo que correspondería a un momento transicional de una sociedad que tiene efectos de inestabilidad, desintegración y otros igualmente indeseables.

Pero atención: la anomia no es nueva, se trata de un comportamiento que no difiere de los que se observa en otras circunstancias, como pasarse un semáforo en rojo, tirar basura en la vía pública, colarse en el transporte público, ocupar las sillas destinadas para las personas de la tercera edad en TransMilenio, o colarse en la fila; estas son algunas faltas de civismo comunes en nuestra sociedad. El concepto de anomia lo trajo a la sociología uno de los padres fundadores de esta disciplina, el francés Émile Durkheim (1858-1917).
 

Campañas de prevención son ineficaces

¿Por qué hacer referencia a la anomia en este momento? Una razón esencial es que la exigencia de una gran disciplina social para sortear con menores consecuencias la pandemia parece no estar teniendo la acogida suficiente en la conciencia ciudadana, y en los últimos días están apareciendo brotes de dicha enfermedad con mayor frecuencia. De hecho, entre el puente festivo del 25 de mayo y el del 15 de junio se registró un incremento del 39,6 % en el número de fiestas y reuniones en Bogotá, al pasar de 1.333 a 1.861, respectivamente.
 

Indudablemente la situación es inédita, es decir que en la historia moderna del país no se conocía una amenaza que obligara a millones de personas a confinarse en sus viviendas por tanto tiempo y a poner entre paréntesis la vida social y económica. Es cierto que los colombianos no estábamos preparados para ello, pero tampoco lo estaban los ciudadanos de otras naciones, y sin embargo la reticencia allí ha sido menor. El hecho de no se vean cadáveres en las calles como consecuencia de los efectos de la pandemia no implica que no existan una alta letalidad y un alto riesgo de contagio.

La percepción del riesgo juega un papel fundamental para modificar los hábitos. Una encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría en Barranquilla, Bogotá, Cali y Cartagena mostró que aunque en general los colombianos reconocen que medidas de autocuidado –como lavarse las manos, usar tapabocas y guardar la distancia física social– sirven para enfrentar el virus, solo la mitad de la población consultada cree que podría contagiarse. Además la percepción no es la misma en todos los grupos etarios; así, mientras los bogotanos y caleños jóvenes son los que más le temen al nuevo coronavirus, con el 36 y 45 % respectivamente, en el caso de la capital del país, los adultos mayores de 60 años son los que menos percepción del riego tienen frente al covid-19, con un 26 %.

Todo ello parece indicar que las campañas de prevención y autocuidado –que se divulgan con tanta frecuencia en los medios masivos de comunicación y en las redes sociales– no están surtiendo el efecto para el que han sido diseñadas: que las personas entiendan la dimensión del riesgo, y reducirlo.

Cabe preguntarse si algunos mensajes han sido equívocos, o si no hay suficiente capital social para obrar sobre las personas y advertirles in situ sobre el riesgo. Desde el primer momento se debería haber promovido una movilización social de base para advertir sobre los riesgos. Esto no lo sustituyen las campañas de medios ni la presencia diaria del presidente de la República hablando del tema, porque además existe una correlación directa entre la crisis de las instituciones y la desconfianza en las medidas adoptadas por estas.
 

Una cuestión de exclusión

Lo que se encuentra en el fondo de tal escenario es que el país no ha alcanzado un orden social incluyente y aceptable para todos. La sociedad colombiana es muy desigual y no está cohesionada socialmente, entre otras razones porque persiste la histórica negación de plenos derechos que fortalecen distintas formas de discriminación o exclusión.
 

La desintegración social implica la existencia de espacios anómicos, entendiendo estos como lugares de transgresión permanente de las normas, que se conforman como un verdadero contraorden social, el cual se organiza dentro de una composición social específica en donde las reglas sociales pueden ser otras, incluso en oposición a las del conjunto de la sociedad, y en muchos de los cuales existen actores violentos que de manera sucesiva han impuesto su ley suplantando al Estado. Tales espacios constituyen uno de los mayores desafíos para los profundos cambios que requiere la sociedad colombiana.
 

Se debe entender que una población con tan alto grado de informalidad para obtener ingresos necesita abandonar el confinamiento para conseguirlos; y entonces surge el dilema en la conciencia de las gentes entre morir del contagio o morir de hambre, incrementando así el riesgo de desobediencia a los protocolos y normas.

La anomia no es la simple trasgresión de las normas, sino que implica la doble condición de la incapacidad del “orden social” de imponerse, y de la resistencia de quienes –con razón o sin ella– se excluyen, son excluidos o se sienten excluidos de los beneficios y obligaciones que se derivan de ese orden.

De alguna manera dicho factor trasluce la transitoriedad de una situación, su necesidad de cambio, y de preguntarse si es el síntoma del comienzo del fin de un orden. La pandemia agudiza o pone en evidencia estas situaciones anómalas, dramatiza condiciones de muchos sectores de la población y hasta tiene efectos de salud mental, que también deben ser acompañados –o por lo menos comprendidos– no para justificar las transgresiones al confinamiento, sino para buscar salidas desde las instituciones a estos pandemonios.

En la reconstrucción de los países en la pospandemia, el compromiso de erradicar el hambre y la pobreza, y crear sociedades más igualitarias, necesitará de mucha energía ética, señala la profesora Adela Cortina, doctora honoris causa de nueve universidades, entre ellas la Universidad Nacional de Colombia, título concedido en 2019.
 

Para la catedrática, en este momento de incertidumbre que afronta la sociedad, donde el mundo va a cambiar de manera radical, resulta esencial cultivar virtudes como la justicia, la prudencia, la fortaleza, la templanza, la honestidad y la esperanza: “sin entrenamiento diario es imposible ponerlas en práctica, que es lo que exige una vida justa y buena”.
 

En esta entrevista para UN Periódico, la experta destaca la importancia del capital ético y social, por qué es importante promover la educación de la igual dignidad de todas las personas para combatir comportamientos como el rechazo a los adultos mayores (gerontofobia), y el papel de la responsabilidad social de las empresas para ayudar en la superación de la crisis.

UN Periódico (unp): ¿los gobiernos y organismos multilaterales han estado a la altura de la crisis?, ¿cuál ha sido el principal acierto y cuál el desacierto?
 

Adela Cortina (ac): sus actuaciones han sido muy deficientes. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud anunció que se trataba de una pandemia hasta el 12 de marzo, cuando, al parecer, el 31 de diciembre China informó que había una neumonía de origen desconocido y que el contagio se originó en un mercado de animales vivos. En cuanto a los Gobiernos, estaban absolutamente desprevenidos, y la mayoría han ido improvisando sus decisiones, lo que crea desconcierto en la ciudadanía. Por el contrario, la sociedad civil ha dado una excelente respuesta, al menos en España. Profesionales de la sanidad, agricultores, empresarios, Policía y Ejército, trabajadores de servicios esenciales y organizaciones cívicas se han volcado para paliar el desastre y han demostrado el enorme poder de la solidaridad.
 

unp:un antes y un después de la crisis, ¿cuáles podrían ser los principales cambios?
 

ac: mencionaré cuatro que creo que deberían darse: 1) la conciencia de que el riesgo de pandemias será permanente, y es preciso que los países cuenten con las medidas sanitarias para hacerles frente, como por ejemplo un sistema de salud pública potente y bien organizado, que no excluya a nadie, además de profesionales sanitarios, materiales de protección, investigación en biomedicina y fármacos adecuados; 2) la convicción de que los países son interdependientes y es necesaria una coordinación real para hacerles frente a los riesgos de manera conjunta; pero también, 3) que los distintos países apuesten por una democracia liberal-social que permita atender al derecho a la salud y la vida de todos sus miembros; y 4) una profunda reflexión sobre las ventajas y los inconvenientes del teletrabajo, el teleocio y esta nueva forma de vida que se ha extendido durante la pandemia.
 

unp:¿qué ha revelado en los seres humanos el confinamiento, por ejemplo, al aumento de la violencia intrafamiliar?
 

ac: me temo que el confinamiento no ha hecho más que sacar a la luz y agudizar lo que ya estaba presente. Por una parte, no todos los confinamientos han sido iguales, porque no es lo mismo pasar tres meses en una casa confortable que en un apartamento minúsculo y agobiante. Y, por supuesto, donde ya había un deterioro familiar se ha agudizado, mientras que otras personas han aprovechado para disfrutar de la lectura o la música, e incluso de adentrarse en su intimidad.
 

unp:cuando dejemos de sentirnos amenazados, ¿seguirán habiendo “brotes” de compasión, de solidaridad?
 

ac: afortunadamente la compasión y la solidaridad han formado parte de nuestras sociedades a lo largo de la historia. Y no solo ha habido brotes, sino personas, instituciones, profesionales y asociaciones, desde las familias hasta las organizaciones cívicas, que han apostado por los más vulnerables. Teniendo en cuenta que vulnerables y frágiles somos todos, como ha demostrado una vez más la pandemia, esos grupos constituyen nuestro mejor capital ético y social. Un capital que con el uso no se agota, sino que genera mucha más riqueza.
 

unp:¿los nacionalismos o las democracias se fortalecerán o se debilitarán?
 

ac: la libertad es parte indispensable de la vida humana, y este es un momento crucial para apostar por promover y consolidar la democracia, o buscar falsas seguridades en los nacionalismos y totalitarismos. El riesgo es grande porque algunas personas creen que las sociedades cerradas y autoritarias ofrecen más seguridad. Pero eso es falso: el autoritarismo es opaco, no informa de lo que realmente ocurre ni se preocupa por la vida de los suyos. En una pandemia oculta la verdad, con la consecuente proliferación de muertes que podían haberse evitado. Los autoritarismos son injustos e ineficientes para proteger vidas. El gran desafío consiste ahora en fortalecer y extender las democracias.
 

unp:usted ha rechazado la gerontofobia que ha surgido con la pandemia, ¿a qué obedece esta percepción y cómo se puede cambiar?
 

ac: por desgracia la gerontofobia es endémica en nuestras sociedades y la pandemia no ha hecho sino sacarla a la luz algo más. El desprecio al anciano se percibe a menudo en instituciones y en conductas personales, y lo peor es que los propios ancianos internalizan esa valoración negativa y en ocasiones pierden su autoestima, se sienten acomplejados. En esta pandemia el hecho de que sean más vulnerables las personas con menores defensas ha llevado a considerar “grupo de riesgo” a los mayores de 60 años, sin más consideraciones, cuando esa es una línea convencional, porque la edad cronológica es solo un elemento más. Los horarios de salida a la calle se han determinado artificialmente por grupos de edad y eso ha creado la sensación de guetos, que es justo lo contrario de lo que reclaman las sociedades intergeneracionales. Eso se cambia educando en la igualdad de la dignidad de todas las personas y fomentando la relación y las actividades entre las distintas generaciones para que se den cuenta de lo superficiales que son las diferencias.
 

unp:¿qué papel juega y jugará la ética en la reconstrucción de los países en la pospandemia?
 

ac: un papel insustituible. La ética de la compasión, porque la crisis sanitaria ha segado vidas, ha causado un profundo sufrimiento en aquellos que han perdido seres queridos en situaciones dramáticas. Vamos a necesitar todos los arrestos éticos posibles para acompañar a las víctimas en el dolor. Pero también necesitaremos la ética de la justicia, porque el confinamiento ha dejado un mundo mucho más pobre y desigual que el anterior. El compromiso de erradicar el hambre y la pobreza y crear sociedades más igualitarias necesitará de mucha energía ética.
 

unp:y en el ámbito de la ética, ¿qué elementos de la responsabilidad social de las empresas podrían ayudar a superar la crisis?
 

ac: las empresas pueden proporcionarles a las sociedades bienes materiales (productos, trabajo, servicios) e inmateriales (actuaciones justas, que infundan confianza, reputación, sostenibilidad). Si asumen su responsabilidad social atendiendo a las expectativas legítimas de todos los afectados por su actividad (clientes, trabajadores, accionistas, proveedores, entorno social y ambiental), cumplirán con su deber de justicia y serán una valiosa clave para superar la crisis. Sin ellas no se podrá hacer. Y, por otra parte, esa también será la forma en que resulten rentables, porque la empresa del presente y del futuro será social, o no será.

unp:¿qué se puede hacer para mejorar el grado de responsabilidad de cada persona antes situaciones como esta que vive el mundo?

ac: recordarle, como se ha hecho reiteradamente a lo largo de la crisis sanitaria, que estamos todo en el mismo barco y solo nos salvaremos si remamos juntos en la misma dirección. Pero recordarle también, y sobre todo, que los seres humanos no somos individuos aislados, unidos contingentemente por agregación, sino personas en relación, en vínculo unas con otras, de modo que el vínculo nos constituye. El reconocimiento mutuo de la dignidad y la vulnerabilidad es lo que nos hace humanos.

unp:a pesar del liderazgo de las tecnociencias, la biología y la naturaleza siguen jugando un papel esencial ¿qué lecciones para los transhumanistas deja esta crisis?

ac: que no es digno de la ciencia lanzar profecías sobre la muerte de la muerte para 2045 o la curación de la vejez en un futuro próximo, tratando de embaucar a los ilusos con afirmaciones imposibles de comprobar, y tampoco invertir una gran cantidad de dinero en esas supuestas investigaciones cuando unos humildes virus están asolando a la humanidad. Pero no solo ellos, sino también el hambre, la desigualdad, la guerra, el cambio climático y tantas otras causas de desgracia y exclusión. Más vale que las ciencias se ocupen de resolver los problemas reales y demuestren así su grandeza.

unp:¿qué piensa de que por un lado se hable de inteligencia artificial, por ejemplo, mientras no sen han podido sortear aspectos elementales del cuidado de la vida?

ac: la inteligencia artificial es muy eficiente para manejar los Big Data (macrodatos) proporcionando informaciones sumamente útiles para hacer predicciones, y en el caso de la pandemia para hacer rastreos de fuentes de contagio, pero no puede sustituir las investigaciones biomédicas o sanitarias, y tampoco pretenden hacer esa sustitución aquellos que trabajan bien en el campo de la inteligencia artificial.

unp:¿qué es practicar la hospitalidad cosmopolita?

ac: por el momento, trabajar activamente en organizar la acogida e integración de los inmigrantes y los refugiados políticos en los países a los que se ven obligados a trasladarse porque en los suyos no pueden sobrevivir. Mientras no se resuelvan los problemas de sus países, la hospitalidad es un mínimo de justicia que, por desgracia, no se practica.

unp:¿por qué es importante cultivar las virtudes? ¿hay un descuido en su práctica?

ac: las virtudes o excelencias del carácter son hábitos que nos predisponen a obrar bien; a actuar con justicia, prudencia, fortaleza, templanza, honestidad, esperanza y otras tantas tan valiosas. Y es importante cultivarlas porque sin entrenamiento diario es imposible ponerlas en práctica, que es lo que exige una vida justa y buena.

En mayo pasado la plenaria de la Cámara de Representantes tumbó un proyecto de acto legislativo que buscaba proteger la biodiversidad en la Región Amazónica. Al eliminarlo, se abrieron las puertas a la explotación de hidrocarburos en esta zona del país.

La catástrofe socioeconómica desatada por la pandemia por COVID-19 y las alternativas para superarla exacerban los ánimos. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que en el mes de mayo de 2020,  al sumar el número de desempleados registrados (4.693.929) con aquellos miembros de la fuerza de trabajo que impotentes y desesperanzados abandonaron el mercado laboral  (2.818.589), el número real de desempleados suma 7.512.518 y, por tanto, la tasa de desempleo objetiva se eleva a 34,2 %.

De otra parte, el Banco de la República pronostica que la actividad económica puede caer hasta un 7 %; en marzo el indicador de seguimiento a la economía (ISE) representó un decrecimiento de 4,9 % con respecto a marzo de 2019 (gráfico 1), y la devaluación de la moneda ha alcanzado 14 %. De acuerdo con los resultados del ISE, en abril de 2020  la economía nacional registró decrecimiento de 20,1 %; por sectores: el primario cayó en 13,7; el secundario registró un desplome de -47,1; y, el terciario se derrumbó en 13,3 %. La respuesta oficial a la crisis generó un aumento desmesurado del déficit fiscal y de la deuda pública hasta alcanzar 10 y 70 % del PIB, respectivamente. Ahora viene una riada imparable de reformas: laboral, pensional, tributaria y de política social. ¿Cuál será el deus ex machina que reactive la economía?

En Colombia han perdurado las instituciones políticas y económicas “extractivas” heredadas de los conquistadores españoles. La demanda del resto del mundo por materias primas ha sido el principal motor de la economía nacional en lo corrido del siglo XXI; sin embargo, no será igual en el futuro. El fin de su auge sirve para evidenciar el imperativo de impulsar la productividad, la innovación, la sostenibilidad ambiental y la equidad, en el marco de la diversificación económica con el fin de convertir a Colombia en un país exportador.
 

Los retos de la economía política

La contribución de la rama “explotación de minas y canteras” al PIB colombiano alcanzó su máxima contribución en 1990 con 9,3 %; tres décadas después el aporte registra un ciclo descendente: en el primer trimestre de 2020 representó el 5,6 % (gráfico 1).

Las actividades extractivas minero-energéticas modernas son intensivas en capital, generan relativamente pocos empleos y requieren habilidades y tecnologías de las que carecen los locales. En 2005, estas actividades de producción alcanzaron en Colombia el máximo de contribución al total de ocupación nacional con el 1,5 % en 2007 bajó a 0,8 % y en los años siguientes, hasta mayo de 2020, oscila entre 1,1 y 1,4 % (gráfico 2). En el periodo mayo 2019-mayo 2020 se destruyeron en todo el país 4 millones de puestos de trabajo (-17,9 %); durante este tiempo, en el sector minero-energético la pérdida de empleos sumó 47.261 (-15,6 %).

En 2013, el país alcanzó el pico histórico en extracción de petróleo: superó el millón de barriles diarios. Según la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol), con un Brent a 25 dólares por barril la producción nacional se reduciría en 100.000 barriles diarios, al punto de llegar a los 786.000. En mayo la producción nacional cayó a 731.000 barriles por día y tiende a estabilizarse en 720.000. El 21 de abril de 2020 el precio tocó un piso de 17 dólares y en junio promedió los 40,2 dólares. El precio base del barril para proyectar una extracción de hidrocarburos sostenible en Colombia es de 30 dólares.

Teniendo en cuenta que la tasa de cambio está correlacionada con el precio del barril y el volumen exportado, la devaluación de la moneda nacional viene en caída libre: en 2020 por cada dólar se deben pagar alrededor de 3.800 pesos colombianos.
 

El sufrimiento socioeconómico

El desplome económico y la catástrofe del desempleo que tiene su explicación en la pandemia por COVID-19 implicaron la pérdida de las dos últimas décadas de desarrollo. El desempleo y la informalidad afectan a dos terceras partes de la fuerza de trabajo; la riqueza y el ingreso se concentran en el 10 % más rico de la población (durante la pandemia, la especulación con los bienes y servicios básicos y el agiotaje financiero aceleraron la desigualdad); la pobreza por ingresos cubre al 45 % de la población (la clase media más vulnerable desapareció por causa de quiebras, desempleo, caída de ingresos y barreras de acceso a subsidios).

Con el fracaso del Acuerdo Final de Paz los problemas ambientales se intensificaron. Hasta mayo hubo cerca de 35 atentados en contra de los oleoductos Caño Limón-Coveñas, Bicentenario y Transandino. Además, la disposición del Gobierno nacional para regular la intermediación laboral en las zonas petroleras recrudeció los conflictos entre empresas petroleras, sindicatos y comunidad. Así mismo, durante la pandemia se manifestaron los pobladores del Magdalena Medio dejando fuera de servicio 368 pozos que ocasionaron pérdidas en la producción cercanas a los 11.000 barriles diarios de petróleo.

En el último siglo, las actividades de exploración y explotación de yacimientos petrolíferos avanzan de sur a norte; faltaba por “colonizar” la Región Amazónica (ver mapa de la infraestructura petrolera). Producto de esta fuerza extractiva imparable, la clase dirigente enterró las consultas populares: en 2019 la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 33 de la Ley 36 de 1994 que obligaba a realizar una consulta popular en los municipios donde un proyecto minero o similar amenazara con cambiar el uso del suelo.

El modelo de crecimiento económico, fundamentado en las industrias extractivas, es insostenible, azaroso, injusto y violento. Ni la apertura económica ni la docena de tratados de libre comercio han logrado que Colombia se convierta en un país exportador. Sin embargo, los sectores más poderosos son inflexibles en su defensa, máxime ahora cuando el precio del barril de petróleo referencial Brent vuelve a acariciar los 43 dólares en julio, como consecuencia del acuerdo político de los principales países  productores para reducir la oferta de petróleo y de la reactivación gradual de la economía mundial.

Desde hace más de 40 años las políticas económicas y sociales están direccionadas a facilitar el proceso de expoliación de la riqueza minero-energética, con la guerra como una estrategia eficiente que cumple el propósito de generar nuevos espacios para el capital trasnacional (dos terceras partes de la rama “explotación de minas y canteras” está en manos de las multinacionales). Así, aunque la mayoría de los beneficios son devengados por la nación, en particular por la oligarquía dominante y el capital transnacional, los costos –como la contaminación, pérdida de recursos ambientales y autonomía alimentaria, violencia y desplazamiento forzoso– son asumidos por las comunidades locales.
 

La pospandemia anuncia un nuevo ciclo de batallas por la explotación de los recursos naturales y energéticos en los territorios colombianos.

El cierre masivo de las instituciones de educación superior (IES) a causa de la pandemia ha dejado en América Latina y el Caribe a casi 24 millones de estudiantes y a 1,4 millones de docentes –más del 98 % de esta población en la región– sin poder encontrarse en sus aulas, y ya es evidente que después de casi cuatro meses la pandemia está teniendo graves efectos sobre el sector de la educación, y concretamente sobre la educación superior.

Para contrarrestarlos, tanto los Gobiernos como las propias instituciones han puesto en práctica un gran abanico de medidas que cubren, con distinta intensidad, desde la conectividad a la asistencia financiera hasta el apoyo pedagógico y socioemocional.

Parece que ahora ha llegado el momento de preguntarse cómo planificar el día después de la pandemia, y cómo hacerlo con realismo político, huyendo de maximalismos y al mismo tiempo con una gran flexibilidad ante una multiplicidad de escenarios que se irán abriendo en función de la evolución del frente sanitario.

Así como la emergencia cogió desprevenido a todo el sector, falto de planes de contingencia ante una crisis de semejante magnitud, ahora no hay excusa para no planificar la reapertura de manera adecuada, aunque no se conozca a ciencia cierta cuándo se podrán reabrir los campus.

Con el objetivo de facilitar esta reflexión, desde el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) de la Unesco, sugerimos partir de tres grandes principios:
 

1. La prioridad debe ser asegurar el derecho a la educación superior de todas las personas en un marco de igualdad de oportunidades y de no-discriminación, y por consiguiente todas las decisiones políticas que afecten directa o indirectamente al sector deberían estar presididas por este derecho. La responsabilidad de asegurar que este se garantice recae en los Estados, los cuales deben generar marcos regulatorios, de financiamiento y de incentivos adecuados, además de impulsar y apoyar programas e iniciativas inclusivas, pertinentes, suficientes y de calidad. En particular, es responsabilidad del Estado generar un entorno político que, respetando la autonomía de las instituciones, sea propicio a una salida de la crisis que garantice la seguridad sanitaria al tiempo que optimiza las condiciones para que las instituciones avancen en calidad y equidad.
    
2. No dejar a ningún estudiante atrás, en línea con el propósito principal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. La crisis impacta en distinto grado a los diferentes perfiles de estudiantes, pero es innegable que profundiza las desigualdades existentes y tiende a transformar las brechas en fracturas irreparables. Es prioritario atender las necesidades no solo pedagógicas y económicas, sino también las socioemocionales de aquellos estudiantes que, por sus características personales o socioeconómicas, puedan haber tenido, o tengan, mayores dificultades para continuar su formación en modalidades no tradicionales.
    
3. Extraer todas las lecciones del experimento involuntario pero universal que está siendo la educación a distancia de emergencia. Una porción muy importante del profesorado universitario ha pasado de la noche a la mañana, de satanizar o menospreciar todo lo relacionado con la tecnología educativa, a depender de ella para garantizar la continuidad pedagógica. Como instituciones dedicadas también a la investigación, las universidades que ven en esta crisis una oportunidad, están recopilando evidencias acerca de lo que está funcionando y lo que no, y por qué, para así volcarse, cuando la emergencia haya pasado, a optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje para mejorar los logros de los estudiantes, tanto en calidad como, ahora más que nunca, en equidad.

Hacia un modelo híbrido de enseñanza

Aunque la incertidumbre todavía planea en el horizonte, parece claro que la reapertura no significará la vuelta a la normalidad docente e investigativa tal y como se vivía hasta febrero pasado, ni tampoco será abrupta como lo fue la clausura. Partiendo del ejemplo de lo que ya está sucediendo en Asia y en Europa, parece plausible imaginar que la reapertura se hará con estrictas medidas sanitarias que se traducirán en grupos de estudiantes más reducidos en las aulas y menos clases presenciales por grupo.

En definitiva, lo más probable es que las formas de enseñanza y aprendizaje que han empezado como fórmulas de emergencia para garantizar la continuidad pedagógica evolucionen y se consoliden ya desde la reapertura como parte del modelo híbrido con el que habrá que convivir de momento, y que tal vez se convierta en la nueva normalidad pedagógica.

Desde el Instituto también hemos insistido –a través de nuestros informes y publicaciones sobre el impacto del COVID-19– en la educación superior, en la necesidad de dedicar muchos esfuerzos a la recuperación de aquellos estudiantes que, previsiblemente, se habrán quedado por el camino por razones económicas, en primer lugar; infortunadamente también habrá estudiantes que no volverán por causa de su desafección con respecto a unas propuestas pedagógicas durante la situación de emergencia que, a pesar de ser la única solución disponible, pueden haber frustrado su interés por continuar los estudios.
 

Presencialidad, verdadera experiencia universitaria

Es importante que las universidades diseñen cuanto antes dispositivos para diagnosticar las pérdidas con las que se saldará esta crisis, y al mismo tiempo las estrategias reparadoras para garantizar que la vuelta a las aulas ofrezca oportunidades de recuperación de las pérdidas de aprendizaje que pueden haber sido dramáticas precisamente en los estudiantes ya más vulnerables en condiciones normales.

Por encima de todo, una buena universidad no solo brinda oportunidades de aprendizaje a sus estudiantes, sino que, más en general, ofrece una experiencia vital que terminará marcando sus vidas y la forma como encararán su contribución al desarrollo social, cultural, científico y económico de sus países. Esta experiencia es, ciertamente, vehiculada por los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero tiene otras dimensiones igualmente importantes más allá de las estrictamente académicas: las sociales, culturales y políticas.

En el Instituto estamos convencidos de que, aunque la mayor parte de los debates actuales se centren sobre hasta qué punto la pandemia traerá consigo una mayor hibridación de los procesos de enseñanza y aprendizaje en las universidades, esto no debería desviar la atención acerca de cuál es la misión última de una universidad: brindar un aprendizaje vital único a cada estudiante que le transformará como persona y ciudadano.

Ojalá nuestras metodologías pedagógicas mejoren gracias a los aportes de la tecnología, y con ello los resultados de aprendizaje. Pero el objetivo debe ser recuperar la verdadera experiencia universitaria que gira alrededor de la presencialidad y de la convivencia en un espacio colectivo compartido; una que, ciertamente, puede verse maximizada gracias a la tecnología, pero que nunca deberíamos querer reducir por principio. No podemos robarles a las jóvenes generaciones el derecho de tener esta oportunidad en su integridad. Eso sí, trabajemos desde ahora para ofrecérsela, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, significativamente mejorada.

El COVID-19 ha acelerado y agudizado lo que ya se veía venir: una crisis económica y social mundial sin precedentes, con mayor afectación a los países en vías de desarrollo, entre los cuales se encuentra Colombia.
 

Después de un buen desempeño en 2019, que llevó al país a alcanzar una tasa de crecimiento del 3,3 %, frente al 0,1 % de América Latina y el Caribe, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), se esperaba que en 2020 alcanzara un crecimiento económico cercano al 3,5 %. Sin embargo, en el primer trimestre del año se produjo un desplome del PIB del 2,4 %, con un importante freno de la demanda tanto externa como interna. Esto debido a dos choques que han afectado todas las proyecciones: la pandemia provocada por la propagación del COVID-19, y la fuerte caída del precio internacional del petróleo.
 

El Banco Mundial espera que la producción del país se reduzca 4,9 % y que en 2021 retome el crecimiento, con una tasa de 3,6 %; el Fondo Monetario Internacional estima un crecimiento de apenas 2,5 % para el presente año, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) proyecta que el PIB bajará un 6, 1 % y advierte que el próximo año el PIB del país subiría de forma gradual apenas 2,8 %.
 

Al igual que en otros países, en Colombia el tejido empresarial, sobre todo el de la pequeña y mediana empresa (mipymes), se encuentra en inminente riesgo de quiebra. En mayo, la Encuesta de Desempeño Empresarial, de la Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), reflejó que durante el primer trimestre de 2020, dos de cada tres mipymes vieron afectadas sus ventas e ingresos en un porcentaje superior al 50 %, y de estas, más de la mitad consideraban que no podrían recuperarse de las pérdidas en menos de un año. Además, el 65 % de las pymes y el 43 % de las microempresas estaban considerando la posibilidad de cesar contratos en los siguientes tres meses, mientras que el 17 y 34 %, respectivamente, no descartaba la posibilidad de acogerse a la Ley de Insolvencia.
 

Se trata de proyecciones importantes si se tiene en cuenta que las mipymes conforman el 90 % del aparato productivo colombiano, y generan más del 80 % de los empleos en el país.
 

Teniendo en cuenta que la organización económica y financiera mundial no será, o no podrá, ser la misma que en el momento previo al desencadenamiento de la pandemia, la economía social conformada por cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales, entre otras, podría convertirse en una alternativa para afrontar los retos económicos en la pospandemia.
 

Un caso paradigmático se dio en Argentina tras las crisis económicas de 2008 y 2013, cuando parte del sector empresarial se recuperó gracias a las cooperativas. Según el Programa Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires, entre 2012 y 2013 se contabilizaron más de 60 conversiones de este tipo, lo cual demostró que la autogestión era una herramienta aprehendida por la clase trabajadora para salir adelante tras el cierre de las fábricas.
 

Oportunidades de crecimiento

Datos de la Organización Internacional de las Cooperativas en la Industria y los Servicios (Cicopa, por sus siglas en inglés) indican que en Estados Unidos existen 29.285 cooperativas que generan cerca de 1,5 millones de empleos; en Argentina se registran 13.047 con cerca de 390.000 personas empleadas, y en Brasil 6.580 con 1,9 millones de empleados, razón por la que lideran el cooperativismo en América.

En Colombia la economía social alcanzó en 2018 los 19,1 billones de pesos de ingresos –el 2,2 % del PIB–. Cooperativas como Colanta aportaron 2,9 billones y Copidrogas 1,6 billones de pesos, lo cual evidencia su capacidad de intervenir de manera significativa en importantes actividades y sectores económicos.

Ese mismo año las organizaciones cooperativas dedicadas a la actividad financiera tenían cerca del 70 % de los asociados, el 51 % de ellos en cooperativas financieras de ahorro y crédito y el 15 % en los fondos de empleados. Tales datos evidencian una gran oportunidad para que el gremio cooperativo fortalezca su crecimiento mediante acuerdos más contundentes. De hecho, aunque las actividades financieras son relevantes en la economía social, son poco significativas en el consolidado nacional: los bancos cooperativos solo representaron el 0,8 % de todos los activos bancarios.

También se puede replicar en otras actividades que hoy no cuentan con empresas de economía social, como por ejemplo en la industria –un sector fundamental en la generación de empleo–, o en sectores en los cuales todavía puede ganar más protagonismo, como el agro o la construcción.
 

Urge actualizar legislación

Tomando en cuenta el coeficiente de Gini, el Banco Mundial ubica a Colombia como el segundo país más inequitativo de América Latina, después de Honduras. Dicho indicador se mide en un rango de 0 a 1, donde cero significa que todos tienen el mismo ingreso, y 1 que una persona concentra todos los ingresos. Cuanto más elevado es el coeficiente, mayor es la desigualdad. En el país el Gini está en 0.53. Una manera de revertir este factor es hacer más colectiva la propiedad: no es posible que en 2017 solo cuatro grupos económicos nacionales y otros multinacionales tuvieran el 71 % de las operaciones económicas de Colombia.

Infortunadamente la legislación cooperativa colombiana no ayuda mucho a pensar en este tipo de transiciones, por cuanto las reservas legales que se hacen constituir de los excedentes son de un 50 %, mientras que en Argentina y Chile no pasan del 15 y 18 % respectivamente; además, en la mayoría de los países del mundo los excedentes cooperativos se pueden distribuir a los socios, y en Colombia no.

De hecho, si se disminuye el monto de reservas del 50 % que se exige en Colombia, incluso tomando países de la región queda un monto de entre 85 y 82 % para tomar la opción de capitalizar las cooperativas o distribuir excedentes como se hace en casi todo el mundo, lo que haría que muchas personas pensaran en invertir en las cooperativas como una muy buena opción de propiedad colectiva y de rentabilidad; también se debe eliminar la norma que obliga a las cooperativas a distribuir las reservas patrimoniales a terceros y no a sus asociados.

Tales factores frenan el crecimiento de este tipo de instituciones y desincentivan la inversión en las organizaciones cooperativas. Por eso, el Gobierno y la Superintendencia de la Economía Solidaria deben replantear sus políticas obsoletas para ponerse a tono con la legislación cooperativa internacional.

Aunque aún no se sabe si todas ellas desarrollaron anticuerpos capaces de protegerlas a corto o largo plazo, este descubrimiento es esperanzador porque sugiere que el sistema inmune eventualmente identifica y ataca al virus mediante proteínas –llamadas anticuerpos– que se acumulan en gran cantidad en la sangre de personas que se recuperan.

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